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07 Feb
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La Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula en sí el funcionamiento que todos los organismos públicos de nuestro país tienen que tener. Desde archivos y bibliotecas públicas, hasta universidades públicas, y en general todas aquellas instituciones que proporcionen un servicio a los usuarios. Esto también significa otra cosa: la ley en sí tiene muy en cuenta la regulación burocrática de las unidades documentales simples y de los expedientes en materia legal, jurídica, contable, fiscal y, por supuesto, histórica.

Los documentos de archivo son, en esencia, el fiel reflejo de las actividades de una institución, y por eso la burocracia estatal en materia de Administraciones Públicas es tan importante. Nos damos cuenta de su importancia cuando pagamos una factura o la cobramos, o sencillamente cuando tributamos trimestralmente los impuestos o la renta. En todos los casos hablamos de documentación fiscal y contable, puesto que se relaciona de manera muy estrecha con el pago de tasas o el pago por un servicio. Sin embargo, en los nuevos tiempos de las tecnologías de la información y la comunicación, algunos pagos, como los préstamos online de WannaCash.es, no cuenta.

Porque los pagos y los préstamos bancarios pertenecen en realidad al sector privado, que se regula a su manera. Es más, también la documentación expedida por instituciones privadas, como por ejemplo, algunas sociedades científicas, asociaciones recreativas y sociales, asociaciones religiosas y todo tipo de empresas, posee su propio corpus documental, pero no pertenece en sí obligatoriamente al Patrimonio Documental, regulado en España por la ley 16/1985, de 25 de junio, a menos que cumplan con una serie de características esenciales.

No hablemos ya de los préstamos rápidos online, que, de hecho, han nacido para ahorrar a los clientes necesitados de un préstamo los tediosos pasos que supone el acto en sí de rellenar documentación obligatoria. Aun así, y a su manera, dentro del entorno digital al que pertenecen, se regulan de una determinada forma, como por ejemplo mediante el formulario online. La documentación de las Administraciones Públicas, ya prácticamente solo digital, funciona de una manera similar.

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